• La coordinación de los servicios municipales de la isla para garantizar su prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio insular, supliendo a los Ayuntamientos cuando la insuficiencia de sus recursos impidan la prestación de los servicios municipales obligatorios o las funciones públicas establecidas en la LBRL.

• La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión.

• La prestación de servicios públicos supramunicipales.

• Aprobar los Planes Insulares de Obras y Servicios elaborados en colaboración con los Ayuntamientos de cada isla. A tal fin, los ayuntamientos realizarán las propuestas de obras que afecten a su término municipal, que no podrán ser modificadas por el Cabildo respectivo, salvo por causas justificadas y previa audiencia del ayuntamiento afectado.

• El fomento y administración de los intereses peculiares de la isla.

La Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, transfiere a los cabildos las siguientes competencias:

• Las demarcaciones territoriales, alteración de términos y denominación de los municipios, previo dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.

• Funciones propias de las Agencias de Extensión Agraria.

• Granjas experimentales.

• Servicios forestales, vías pecuarias y pastos.

• Acuicultura y cultivos marinos.

• Protección del medio ambiente.

• Gestión y conservación de espacios naturales protegidos, en el marco de lo establecido en la legislación autonómica vigente.

• Caza.

• Infraestructura rural de carácter insular.

• Subrogación en las competencias municipales sobre el planeamiento urbanístico, de conformidad a lo establecido en la legislación sectorial vigente.

• Carreteras, salvo las que se declaren de interés regional, en el marco de lo que disponga la legislación sectorial autonómica. En las carreteras de interés regional, la explotación, uso y defensa y régimen sancionador.

• La gestión de puertos de refugio y deportivos, salvo que se declaren de interés regional.

• Obras hidráulicas que no sean de interés regional o general, conservación y policía de obras hidráulicas y administración insular de aguas terrestres en los términos que establezca la legislación sectorial autonómica.

• Transportes por carretera y por cable. Ferrocarriles, en el marco de los que disponga la normativa sectorial autonómica.

• Ferias y mercados insulares.

• Policía de espectáculos.

• Promoción y policía del turismo insular, salvo las potestades de inspección y sanción.

• Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

• Policía de vivienda.

• Conservación y administración del parque público de viviendas.

• Administración de las residencias de estudiantes establecidos en la isla.

• El fomento de la cultura, deportes, ocupación, ocio y esparcimiento en el ámbito insular.

• La conservación y administración del patrimonio histórico-artístico insular.

• Museos, bibliotecas y archivos que no se reserve para sí la Comunidad Autónoma.

• Fomento de la artesanía.

• Asistencia social y servicios sociales.

• Defensa del consumidor.

• Campañas de saneamiento zoosanitario.